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VIH-SIDA

VIH- SIDA

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La enorme movilización de ciudadanos procedentes de Venezuela ha tenido consecuencias en la protec-ción social dentro de los países de Latinoamérica y en las comunidades de acogida, dado que ya existían en la región brechas de atención y cobertura de salud. Sin embargo, actuaciones oportunas y determinadas pueden ayudar a fortalecer los sistemas de salud y aumentar su efectividad, beneficiando con ello a las comunidades de acogida y a los propios refugiados y migrantes.

Uno de los aspectos que pueden atenderse de manera rápida y con presupuestos manejables para los Estados es, justamente, el acceso a la prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH, evitando de esta manera mayores costos en el largo plazo y disminuyendo la idea errónea de que los refu-giados y migrantes generan o aumentan la prevalencia de enfermedades

Ofrecer atención oportuna a los refugiados y migrantes que viven con VIH incide en el control de la epi-demia a nivel regional, favorece la integración social y cultural, además de fortalecer las capacidades insti-tucionales en los países de acogida.

ONUSIDA y OPS consideran oportuno retomar los distintos lineamientos que han sido emitidos en con-textos humanitarios o de desplazamiento, y que están especialmente enfocados en los grupos de personas que viven con VIH o en aquellos grupos que tienen mayor vulnerabilidad ante la epidemia, como la comu-nidad LGBTI, los trabajadores sexuales, mujeres, adolescentes y jóvenes.

En el caso de los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, tenemos una situación especialmen-te compleja porque en la misma confluyen situaciones humanitarias, generadas por las circunstancias so-cioeconómicas, de salud y de derechos humanos que movilizan a estas personas fuera de Venezuela, así como las complejidades propias del proceso migratorio que, por sus dimensiones, está afectando las posi-bilidades de generar respuestas oportunas desde las instituciones estatales, las ONG y la cooperación internacional.

ONUSIDA y OPS se han propuesto trabajar articuladamente con los gobiernos para generar una res-puesta efectiva al VIH, la cual debe ser revisada en función de los desafíos del contexto actual, y que con-tribuiría a solucionar uno de los múltiples problemas de salud que deben atender los entes estatales en los países de acogida. Todo ello, para evitar que las personas refugiadas y migrantes que viven con VIH pue-den encontrarse con limitaciones físicas, culturales y sociales que les impidan el acceso a los servicios de salud o al apoyo al que tienen derecho, incluyendo la atención por COVID-19.

En el Capítulo VI de Santiago, se generó un enfoque de derechos como línea de acción, con la intención de observar las realidades regionales y contemplar el ámbito transfronterizo como un escenario de trabajo y atención. A partir de la Declaración Conjunta, ONUSIDA colabora con una matriz sencilla con base en temas que ya desde la V Ronda de Bogotá se establecieron necesarios, apoyado en el rol de la sociedad civil en tareas que beneficien a las personas refugiadas y migrantes.

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